Una de la tareas para 2021 es la puesta en marcha de la norma del uso y ocupación de la vía pública

Una de las tareas pendientes que tiene el equipo de Gobierno para los primeros meses de 2021 es la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora de usos y ocupaciones de la vía pública. Tras la aprobación inicial de esta normativa en sesión plenaria, se abrió un plazo para poder presentar alegaciones, que terminó el 18 de diciembre. Al menos, se han presentado cinco alternativas a este texto, pertenecientes tanto a colectivos, como a particulares.

Ahora, el equipo de Gobierno deberá estudiar esas propuestas. Ya, el alcalde, José Antonio Redondo, afirmó en el último pleno que los dirigentes trujillanos deberán examinar cuáles alegaciones se ajustan y cuáles no y así se lo comunicará al PP en una comisión informativa. De este modo, contestó a la petición de los populares sobre las alegaciones presentadas. Ya, su portavoz, Inés Rubio, días antes de este pleno, afirmó a este diario que deberán analizar esa documentación para marcar su postura. No obstante, reconoció que su grupo no sabe cómo se ha redactado la normativa. Asimismo, se debe ver qué encaje jurídico se hace. A Rubio le hubiese gustado trabajar con un borrador previo. No tiene dudas de que «cuánto más consensuado, más seguridad se tiene».

Una de las cuestiones que se han criticado es el carácter discrecional en determinadas regulaciones. Ante esta situación, el alcalde defiende la necesidad de dejar margen a la interpretación, ya que no se puede hacer una normativa «tan exhaustiva que el último baldosín hay que regularlo». Considera que eso también conlleva problemas. Asimismo, asegura que ya ha visto algunas alternativas y las considera razonables.

Otra de las alegaciones realizadas es sobre la prohibición de la realización de actividades en espacios de uso público dirigida a la captación de clientes, promoción de negocios y venta de productos o servicios abordando a los clientes.