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Viernes, 19 de mayo 2023, 09:36
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo ha sobreseído la querella interpuesta al alcalde, José Antonio Redondo, por la comunidad de bienes Mariscal González, que regenta el Mesón Hostal La Cadena, en la plaza Mayor. Se le acusaba de un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.
La polémica surge por los metros concedidos por parte del Ayuntamiento a la terraza de este establecimiento. Ante esta acusación, el mandatario trujillano tuvo que ir a declarar delante de la magistrada el 3 de mayo, dentro de la fase de instrucción del caso. El pasado miércoles, se comunicó ese sobreseimiento de la causa. Uno de los representantes de la empresa denunciante, Juan Manuel Mariscal, asegura que se recurrirá la decisión judicial a la Audiencia Provincial. Recalca que se ha sobreseído de forma provisional.
Ya, el abogado del alcalde, Benjamín Cortés, aseguró hace unos días que se trataba de una querella «infundada», ya que la distribución que se había hecho de la terraza era de una forma equitativa y sujeta a la normativa de la ordenanza municipal y a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
El alcalde insiste en que se ha aplicado la ordenanza aprobada por el Consistorio. Reconoce que la normativa de las terrazas es particular, ya que cada caso se ve de forma individual. A partir de ahí, asegura que se ha actuado bajo ley. No obstante, hubo que aclarar la idiosincrasia de la plaza Mayor por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, señala al respecto.
Redondo, asimismo, sostiene que con la denuncia, más que hacer justicia, se perseguía que el alcalde saliera en la foto en los juzgados. Por todo ello, no tiene dudas de que la querella «es un sinsentido». Igualmente, remarca que le sorprendió el revuelo que se montó «por una cosa tan nimia y más que fuera por lo penal».
Ante este tipo de denuncias, considera que la persona que cause un daño, al menos, tenía que pedir, como mínimo, perdón públicamente. «Lo que no puede ser que se abra la veda y todo el mundo empiece a denunciar y tenemos paralizado el ayuntamiento», añade.
Juan Manuel Mariscal insiste en que su empresa tiene razón. Recuerda que hay una sentencia del TSJ, que anula un precepto de la ordenanza relacionada con las terrazas de la plaza que no se está cumpliendo. Por ello, se va a recurrir la decisión judicial.
Asimismo, anuncia que, debido a que su entidad no ha recibido contestación sobre la solicitud que hizo de la terraza el 17 de noviembre con los 19 metros que opina que debe tener, podría emprender, de nuevo, acciones legales. Explica que el Ayuntamiento tenía seis meses para responder. El 4 de mayo recibió una contestación que estaba en estudio. Como no se ha resuelto, «he solicitado un escrito para emitir un certificado de silencio positivo o negativo para emprender acciones judiciales por diferentes vías, como lo contencioso-administrativo o la penal, si procede»
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