La recaudación prevista con las nuevas tasas rondará los 229.000 euros

El Ayuntamiento sigue dando los pasos necesarios para que entren en vigor las nuevas tasas, así como la subida de la tarifa de la recogida de residuos sólidos, además de la bajada del IBI, tanto urbano como rústico. Una vez que se dio el visto bueno en sesión plenaria a estas propuestas, ahora, hay un plazo de 30 días para que las personas que así lo deseen puedan presentar las reclamaciones oportunas. Si no hay ninguna alegación, se entenderá que estas alternativas quedarán definitivamente aprobadas. Estos trámites son necesarios para que las nuevas cuotas entren en vigor ya en 2022.

Una de esas tasas es el canon de la presa de Santa Lucía. La intención es cubrir parcialmente ese coste y para ello, se ha tomado como referencia la media de las facturas emitidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por ese canon, en los tres últimos años. Se sitúa en 155.555 euros. Hasta ahora, las ha abonado el Consistorio. Con esos datos, ese canon tiene un valor de 0,15 euros por metro cúbico. A partir de ahí, se coge una estimación del consumo de agua potable de 2018, que fue de unos 647.000 metros cúbicos. Con estas cifras, se tiene una previsión de cobro total de 97.089,45 euros, según el texto de la nueva ordenanza. Según el PP, supondrá un pago medio de 18,2 euros por abonado.

La otra nueva tasas es por depuración de aguas, gasto que también lo ha estado asumiendo el Consistorio. En este caso, tanto los 149 abonados industriales como los 5.806 abonados domésticos deberán pagar una cuota fija de 10 euros, más una cota de 0,16 euros por metro cúbico. De este modo, hay previsto recaudar 132.333,36 euros, cuando el coste del servicios de 254.000 euros. Los populares detallan que por abonado saldrá en torno a 40,9 por año.

Además está la subida la tarifa de la recogida de residuos sólidos. Se sitúa en 63,5 euros por cada uno de los más de 5.200 abonados de vivienda. Por tanto, la estimación es recaudar casi 334.000 euros, lo que supone 63.000 euros más que con la actual ordenanza fiscal. Hay que recordar que la tarifa a usuarios industriales sigue igual.

A estas modificaciones hay que añadir el IBI. Con la bajada aprobada, el tipo impositivo aplicable a los bienes inmuebles urbanos queda fijado en el 0,67 por ciento, a los rústicos, se fija en el 0,80 por ciento y a los de características especiales, en el 1.3 por ciento. Además, según la propuesta aprobada, se establece un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados permanentemente.