La protectora de animales quiere revisar el convenio municipal ante la nueva ley

Los dirigentes de la protectora de animales 'Refugio Turgalium', Mario Gilabert y Miguel Godoy, tienen claro que la nueva ley de bienestar animal es «farragosa». Aunque en muchos puntos no están de acuerdo, ni ellos, ni muchos profesionales del sector, insisten en que debe ser de obligado cumplimiento. «Es más fácil y barato cumplirla, que no cumplirla», ya que puede acarrear importantes sanciones económicas, señala Gilabert, que es el presidente de la entidad. Asimismo, matiza que esta nueva ley «a nosotros nos arregla muy poco», ya que separa los animales de compañía, de otros que son de caza o de campo, como pueden ser un mastín. «Son estos últimos los que más recogemos y un 10% de compañía».

No obstante, ante la entrada de la nueva normativa, este dirigente asegura que en enero se reunirán con el Ayuntamiento para revisar el convenio existente, ya que hay una serie de obligaciones que no podrán cumplir. Detalla que no pueden estar disponibles 24 horas, ya que son voluntarios. Tampoco disponen 24 horas de un veterinario y no tienen capacidad para hacer un control, por ejemplo, de las colonias felinas, con el fin de reducir progresivamente su población, como dice la ley. Godoy, veterinario de profesión, apunta que será obligada la identificación, mediante microchips, registrada bajo la titularidad de la Administración local competente, y la esterilización quirúrgica de todos esos felinos callejeros. El presidente del colectivo considera que esta labor sí la podría hacer un trabajador municipal encargado de esta labor.

Otra de las cuestiones que plantearán al Ayuntamiento es la necesidad de un vehículo adaptado para el traslado de animales, en el caso de que sea necesario, ya que los particulares, por ley, no se pueden utilizar para ello. Igualmente, demandarán hacer más cheniles en el Refugio, porque ya queda pequeño. En la actualidad, se tienen 16 gatos adultos y 12 cachorros, además de 29 perros adultos y 6 cachorros que aparecieron recientemente. Gilabert apunta que, en un principio, lo que se ha hecho reciéntemente, aprobado en sesión plenaria, es prorrogar el acuerdo existente hasta diciembre ya que caducó en mayo. Por tanto, a principio de año, se debería firmar un acuerdo nuevo.

Estos dirigentes insisten además en que los ayuntamientos deben hacerse cargo de esos perros y gatos abandonados, teniendo un espacio habilitado para ello o un convenio con algún colectivo, como es el caso de la ciudad trujillana. En este sentido, opinan que es importante estar bien asesorados por profesionales. Asimismo, tanto los consistorios como los vecinos «deben ser responsables, ya que tener un animal de compañía como un perro o un gato, conlleva una serie de obligaciones».

También detallan que la protectora trujillana solo puede prestar servicio en el término municipal de Trujillo. Así se acordó con el actual equipo de Gobierno, ante la previsión de que el número de animales abandonados podía aumentar con la nueva ley. Además, recuerdan que las instalaciones que se utilizan son municipales. Sugieren, igualmente, la creación de una incineradora municipal o mancomunada. Recuerdan que para dar de baja un animal de compañia que esté registrado en la base de datos de la Junta de Extremadura, se necesia un certificado de incineración de ese anmal.

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