La piscina municipal de Trujillo abrirá a mediados de mes si no hay rebrotes
Situación ·
El Consistorio espera varias demandas judiciales de pagos pendientesPuesto en marcha ya el mercadillo de los jueves con todos sus servicios, uno de los espacios que queda pendiente de su apertura es la piscina municipal. Una vez más, el alcalde, José Antonio Redondo, habló de este asunto, en su comparecencia semanal, tras la comisión de seguimiento de la covid-19 en la ciudad. Si la evolución de la crisis sanitaria sigue igual como hasta ahora, la previsión del equipo de Gobierno es que estas instalaciones veraniegas se abran a mediados de mes. Eso sí, esos planes se truncarían si surge algún rebrote.
Redondo insiste en que el sistema de acceso será por abonos individuales. Este hecho facilitará que solo haya usuarios de la ciudad. También recuerda que se llevarán a cabo las medidas necesarias desde el punto de vista higiénico-sanitario. Asimismo, se controlará el aforo. De un total de 640, a la piscina de Trujillo solo podrán acceder 320 personas. En la piscina de Huertas, que se abrirá más tardes por las obras que se llevan a cabo, podrán entrar 150, de un aforo total de 300. Aunque todavía no está cerrado el protocolo a seguir, la idea es que haya turnos de mañana y tarde.
Deuda municipal
En esta comparecencia, una vez más, se habló de deuda municipal. Redondo señaló que ya se ha firmado el pago de las facturas que necesitaron un reconocimiento extrajudicial para poderlas abonar. Suman un total de 98.388 euros. No obstante, «esto no ha terminado», indicó. Ahora quedan pendientes las demandas judiciales que están llegando al Ayuntamiento. Una de ellas es relativa a los Premios PopEye, celebrados hace unos años. «El juzgado da la razón a la empresa, se ha hecho, están los recortes de prensa que lo acreditan y habrá que pagar», detalló.
También señaló que están esperando otras demandas de pagos pendientes y opina que van a condenar al Ayuntamiento. A partir de ahí, detalla que habrá que ver si se reclama o si se piden daños y perjuicios a la persona que hizo el contrato. En este caso, sería al político que lo firmó. «No sería por vía administrativa, sería por otra vía y no me gusta nada», añadió la respecto.
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