El personal de la Mancomunidad reivindica un convenio colectivo

La polémica está servida en la Mancomunidad Comarca de Trujillo. Sus tres delegadas sindicales, pertenecientes a UGT, demandan un convenio colectivo que regule los derechos y deberes del personal, hasta ahora inexistente. Con ese fin, se ha solicitado, en varias ocasiones, que se designen los nuevos miembros de la corporación para retomar la mesa de negociación. «Las peticiones no han sido atendidas», señalan. Ante este hecho, denuncian «la desidia de la corporación» hacia los trabajadores de la entidad comarcal. Asimismo, se pide, al menos, los mismos derechos que los trabajadores del Ayuntamiento de Trujillo.

Las delegadas sindicales recuerdan que este proceso comenzó en abril de 2019, en la anterior legislatura, con la constitución de la mesa de negociación para ese futuro convenio. Ante esta circunstancia, en octubre, se registró una solicitud con el objeto de retomar esa mesa de negociación, ya con los nuevos dirigentes políticos, sin tener respuesta. Tras las reiteradas peticiones durante varios meses, en una carta del sindicato dirigida al presidente de la mancomunidad, José Antonio Redondo, así como a la asamblea, se convocó esa mesa para el 18 de febrero. «Seguimos en el mismo punto de partida», aseveran.

Para las delegadas sindicales, se deben tratar «cuestiones importantes laborales», que resultan de interés del personal . Entre otros temas están trienios por antigüedad, excedencias, complementos de incapacidad temporal, horas extraordinarias, formación y carrera profesional.

Desde UGT también se detalla que se va a acudir a la Inspección Provincial de Trabajo ante el «reiterado incumplimento» del Estatuto de los Trabajadores, relacionado con los derechos de información y consulta en materia de personal.

Otra de las situaciones que han puesto en conocimiento ha sido el informe presentado sobre lo que consideran los tres «despidos improcedentes», producidos el 31 de diciembre. Así se puso en conocimiento antes de que se llevasen a cabo para que se reconsiderara la situación. Detallan que esos trabajadores tenían contratos de obras y servicios. Sin embargo, «el despido es improcedente porque la obra objeto de contrato no finaliza, tanto es así que se convocan las plazas».

La mancomunidad, en la actualidad, cuenta con cerca de 40 trabajadores, incluyendo el personal de la escuela profesional. Un número importante de estos empleados ha ido prorrogando sus contratos a lo largo de los años. De hecho, algunos están en fraude de ley, según fuentes de la entidad.

José Antonio Redondo detalla que se han planteado las reivindicaciones tanto a la asamblea de la entidad como a su junta directiva. Matiza que se reunirán con las partes interesadas. No obstante, recuerda que la situación del personal de la mancomunidad es diferente a un ayuntamiento.