El objetivo queda aplazado, otra vez

Desde 1980 en España hemos tenido 8 leyes educativas. Una aprobada por UCD, dos por el Partido Popular, recordemos que sólo la ley Wert entró en vigor, y cinco leyes aprobadas con el beneplácito del PSOE. Todos los políticos, de uno y otro signo político, defienden que la educación, junto con la sanidad, es lo más importante. No dudo acerca de que todos quieren lo mejor para los niños y niñas de este país. Sin embargo, el problema estriba en cómo abordar ese objetivo común que tiene intereses partidistas.

Históricamente en nuestro país ninguna ley educativa del PSOE ha sido aprobada por el principal partido de la oposición, de igual manera que ninguna ley educativa del PP ha sido aprobada por el principal de la oposición. El PSOE nunca ha votado a favor de una ley educativa del PP y viceversa. Es verdaderamente un drama que, como país moderno, desarrollado, con unos niveles de bienestar que nuestros abuelos ni siquiera pudieron soñar, nunca se haya pactado una ley educativa entre la inmensa mayoría o, al menos, entre los dos partidos más votados.

Es tremendamente descorazonador pensar que todas las leyes educativas en nuestro país nacen irremediablemente ligadas a una ideología concreta, de tal manera, que cuando otro partido gobierne, deroga la ley de educación vigente y vuelta a empezar. Estamos en un bucle vicioso permanente y repetitivo, y como siempre, los perjudicados: toda la comunidad educativa. Padres y madres, profesorado y alumnado y, en definitiva, toda la sociedad.

Si una ley educativa, que tiene que nacer del consenso y de una mayoría social estable, tiene en armas a todo el sector concertado, a la inmensa mayoría de las escuelas de educación especial y a los defensores del castellano como lengua vehicular, comenzamos el camino de un punto erróneo. Hasta la RAE se ha posicionado defendiendo el castellano. Inaudito.

Los defensores de la ley esgrimen dos argumentos que repiten hasta la saciedad: no cambia nada con relación al uso del castellano o de la religión y el dinero público para los centros públicos.

Al primer argumento, si no cambia nada, ¿por qué cambiarlo y generar problemas sociales de todo tipo? El castellano está en peligro en aquellas comunidades con lengua propia y cuyos gobernantes deseen arrinconar la lengua común. Inaceptable con más de 500 millones de hispanohablantes. La religión dejará de ser evaluable. Es decir, la ley convierte a los profesores de religión en monitores de ocio y tiempo libre. Tienes que atender a tus alumnos, pero sin capacidad para calificar los aprendizajes generados.

El dinero público para la educación pública señalan los defensores de la ley. Y lo dicen sin ruborizarse mientras solicitan subvenciones para el teatro, el cine, el pequeño negocio o las grandes empresas. Soy un ferviente defensor de la escuela pública. Escuela pública de calidad y en todos los lugares. Sin duda. Pero también hay que respetar la libertad de los padres de poder elegir la educación de sus hijos. En un país moderno el modelo de escuela pública y de escuela concertada debe coexistir y la administración debe de dotar de recursos a ambas opciones. No estoy de acuerdo con muchas de las reivindicaciones de la escuela concertada, pero en esta ocasión, sus peticiones deberían haber sido resueltas en el momento de elaborar la ley y no una vez aprobada, no lo olvidemos, con un solo voto por encima de la mayoría absoluta del congreso.

Una vez más, y en la opinión de este profesor de pueblo, hemos perdido nuevamente la oportunidad de crear una ley consensuada, aceptada por la mayoría, que realmente pretenda resolver los problemas educativos del siglo XXI y que nos permita conseguir una sociedad más preparada, más plural, más tolerante, más saludable, más respetuosa con las opiniones de los demás y en donde el talento y el esfuerzo, se recompensen como merece. Ese objetivo queda aplazado, otra vez.