Las nuevas tasas, motivo de disputa política en el pleno celebrado este viernes

La bajada del IBI, la creación de tasas y la confrontación política fueron las principales protagonistas de la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer.

El único punto que fue aprobado por unanimidad fue la modificación y derogación de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles. Este hecho supone que el tipo impositivo del IBI urbano pasa del 0,72 al 0,67 o, lo que es lo mismo, una bajada del 6 por ciento. El gravamen del IBI rústico pasa al 0,80, que significa un descenso del 38,5 por ciento, según señaló el alcalde, José Antonio Redondo.

La líder popular, Inés Rubio, aseguró que en todo lo que sea bajar impuestos «se va a estar a favor». No obstante criticó cambios en algunas bonificaciones y echó de menos que se hubiera sido más ambicioso.

El mayor debate en este pleno se centró en la creación de dos tasas y en la subida de otra. Estas propuestas fueron aprobadas inicialmente gracias a los votos a favor del PSOE. El PP votó en contra. El equipo de Gobierno y la oposición siguieron la misma argumentación a lo largo del pleno. Redondo insistió en que las tasas deben tender a cubrir los servicios, hecho que ahora no pasa. Además, consideró que así se hace más justicia. Ahora, se paga colectivamente a través de los fondos propios del Ayuntamiento. «Tal como se viene funcionando, los grandes consumidores pagan vía presupuestos municipales lo mismo que los pequeños» y no según lo que consumen, indicó.

Rubio reiteró que, dada la situación económica por la que pasan muchas empresas y familias, ahora no es el momento de establecer nuevas tasas ni subidas. Por ello, son acciones «desacertadas».

Concretamente se aprobó la ordenanza de la tasa de la presa de Santa Lucía, ante el canon impuesto desde hace unos años por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por las obras de infraestructuras que se llevaron a cabo en la zona. El último año se pagó 236.259 euros. Con la nueva tarifa se tendrán que abonar 0,15 euros por metro cúbico de consumo anual de agua. Según Rubio, esta nueva tarifa se traduce en un pago medio de 18,2 euros por abonado.

La otra tasa a la que se dio el visto bueno, en contra del PP, fue a la de la prestación de servicios de la depuradora. Según el alcalde, en la actualidad, esta prestación, que es obligatoria, está costando 254.000 euros. La intención es pagar una parte fija por abonado y otra parte variable por consumo. Rubio considera que, sumando las dos partes, se abonará en torno a los 40,9 euros por año.

Junto a estas medidas se dio el visto bueno a una subida de la tasa de recogida de residuos sólidos. Pasa de 51,5 euros anuales a 63,5. A los negocios no se les toca la tarifa. «Seguimos partiendo el coste porque con esto se pretende recaudar 63.000 euros más, pero el desfase es de 243.000», añadió el alcalde.

Redondo consideró que con estas decisiones a un ciudadano medio, con vivienda, le supondrá un gasto total de unos 20 euros. Reconoció que a quien más le va a afectar es a los grandes consumidores. Por su parte, Rubio matizó que las subidas conllevarán un gasto de unos 71 euros, mientras que la bajada del IBI será de 12 o 13 euros.