Los sindicatos denunciarán ante la Justicia productividades cobradas en el Consistorio

En este escrito se determina que esta denuncia no solo servirá para que se compruebe la legalidad de esos cobros. Si un juez decide que no son legales, se pedirá responsabilidades judiciales tanto «a las personas que han estado autorizando las mismas, como a las que tenían conocimiento de ellas por razón de su cargo y no han hecho nada al respecto». En este caso, se apunta a dirigentes políticos y a funcionarios.

Los sindicatos explican que, de manera reiterada en los últimos años y, de manera fija desde el 23 de noviembre de 2017, se ha solicitado información sobre las productividades y el concepto de 'otros' que aparecen en el presupuesto municipal y que «son cobradas por determinados grupos minoritarios de funcionarios y personal laboral fijo» en el Consistorio. Detallan, asimismo, que esas peticiones no han sido atendidas por el equipo de Gobierno.

Ante esta situación, las fuerzas sindicales consideran -según el comunicado- que se está incumpliendo de forma reiterada la ley de Transparencia de la Administración. Asimismo apuntan que hay «una aparente opacidad y oscurantismo» por parte de los dirigentes trujillanos sobre este asunto. Se matiza, igualmente, que las peticiones de información no solo se han hecho por escrito, sino también de forma verbal en la últimas tres mesas de negociación, donde estuvieron presentes el alcalde y la concejala de Economía y Hacienda.

100.000 euros

Recuerdan que la normativa obliga a cualquier Administración pública a informar de estos pagos a las organizaciones sindicales, hecho que «está incumpliendo el Partido Popular». No tienen duda de que este asunto es grave, ya que esas cantidades de productividades y concepto 'otros' reflejadas en el presupuesto ascienden a más de 100.000 euros de las arcas municipales.

De igual forma se detalla que son cantidades asignadas siempre a los mismos puestos de trabajo en ese Ejercicio económico. Sin embargo, «no se pueden cobrar de una manera fija ni periódica», apostillan los sindicatos tras consultar a asesores jurídicos.

Por todo ello, estos hechos se pondrán a disposición judicial. Si fuesen ilegal, no solo se pedirá responsabilidades en los tribunales, sino que se procederá a la reclamación de las cantidades cobradas durante todos los años anteriores que permita la ley. Así se quiere «paliar en la medida de lo posible este uso de más que dudosa ética y legalidad del erario público por parte de la administración del Ayuntamiento», apuntan. Esa cantidad podría ascender a casi medio millón de euros.

El proceso está en manos de los abogados y en unos días se presentará la denuncia. Fuentes sindicales insisten en que no hay marcha atrás.