Nueva polémica por la solicitud de anulación del acuerdo que aprobó la Relación de Puestos de Trabajo

El nuevo episodio de este serial llega ante la solicitud de la Subdelegación del Gobierno al alcalde, Alberto Casero, para que anule el acuerdo del 27 de noviembre, con el que se daba el visto bueno por parte del Ayuntamiento a esa nueva RPT. Para ello, tiene un plazo de un mes.

Así lo han detallado las organizaciones sindicales CSI-CSIF y FeSP-UGT y ratificado por el primer edil, tras la celebración el pasado 28 de diciembre de una mesa de negociación. Ante esta nueva situación, estas fuerzas sindicales critican en una nota de prensa al equipo de Gobierno, así como al personal municipal responsables de este hecho. Este escrito no viene avalado por CC. OO.

Inicio de negociaciones

Las fuerzas sindicales, en la nota, recuerdan que desde 2012 hasta 2015, se estuvo negociando la nueva RPT, ya que la anterior era de 2004 y estaba obsoleta. «Ya no contemplaba las necesidades de la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento ni las necesidades y excepcionalidades de cada puesto de trabajo». Se recuerda, asimismo, que el Consistorio contrató a una empresa para su elaboración. Ese trabajo se culminó en mayo de 2015 en mesa de negociación. Sin embargo, hubo que esperar hasta 2016 para que el documento se aprobara inicialmente en sesión plenaria y en julio de 2017, se dio el visto bueno definitivo.

Después de reuniones y conversaciones, ya solo faltaba que se aplicase. Sin embargo, la solicitud de anulación ha supuesto «un varapalo» para la gran mayoría de la plantilla municipal, señalan estas fuerzas sindicales. Consideran que la única responsabilidad de ello es del equipo de Gobierno, tras una espera de seis años.

De igual forma, se detalla que la petición de anulación de la Subdelegación del Gobierno llega como respuesta a un informe «sesgado, que contesta con inexactitudes y con cifras erróneas», enviado por personal técnico municipal. Según estas fuerzas sindicales, se debe a que dan unos números que superan en más de un 12 por ciento el límite establecido legalmente de incremento de masa salarial. Insisten en que esos datos son irreales.

Ante esa situación, en esta nota, se recuerda que la nueva Relación de Puestos de Trabajo elimina los privilegios económico de trabajadores municipales, «mantenidos por los últimos tres equipos de Gobierno». Con la eliminación de esos privilegios dentro de la ley, se podían cubrir las distintas necesidades del personal y sin incremento del gasto, añaden este escrito.

Legalidad

CSI-CSIF y FeSP-UGT ponen en duda, asimismo, la legalidad de esos privilegios existentes en el Consistorio, en relación a cobros de productividades y otros conceptos. Consideran que si esas cantidades se han percibido fuera del marco legal, se verían obligados a ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales y a que se reclamase para que se devolviera ese dinero. «Si nos viéramos, finalmente, en esa situación, esperamos que el actual equipo de Gobierno no nos vuelva a dejar solos en defensa de los derechos de los trabajadores», apunta el escrito. Ante esta situación, han pedido una reunión urgente y monográfica sobre esta cuestión al alcalde.

La próxima cita será el 8 d enero en donde habrá otro encuentro entre sindicatos y el alcalde, en otra mesa general de negociación. Confían en que se solucione el problema y se recupere la paz laboral.

Postura del alcalde

El regidor trujillano, Alberto Casero, insiste en que hay voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos con los sindicatos. Detalla que el requerimiento de la Subdelegación del Gobierno llegó, por escrito, el 27 de diciembre al Ayuntamiento. Reitera que, en ese escrito, se pide la anulación del acuerdo por el que se aprueba la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla municipal, debido a que se considera que se supera lo legalmente establecido de la masa salarial.

Ante esta situación, el alcalde detalla que el Consistorio hará las alegaciones oportunas para intentar llegar a una solución viable. Tiene claro que no va a hacer falta anularla esa nueva RPT. Insiste en que se estudiarán fórmulas para intentar solventar esta situación y que esta herramienta de la plantilla municipal se pueda aplicar lo antes posible. Recuerda que ya han pasado casos parecidos en otras instituciones y se ha llegado a un acuerdo.

Alberto Casero confía en que en la reunión del 8 de enero con los sindicatos haya entendimiento. La intención es presentarles el escrito que se le pretende enviar a la Subdelegación del Gobierno para revisar distintos aspectos. Insiste en que el equipo de Gobierno es parte interesada en solventar este asunto y que los trabajadores están conformes con los acuerdos a los que se lleguen.

Sobre las críticas en relación a la productividades en los salarios, el primer edil sostiene que se estudiarán las peticiones y las demandas de las fuerzas sindicales. A partir de ahí, se tomarán las decisiones. Confía en que la RPT entre en vigor en el año 2018.