La Junta no prorrogará el contrato de Ambulancias Tenorio y sacará un nuevo concurso

Esto implica que el Gobierno regional no se plantea prorrogar el contrato de Tenorio, una posibilidad que se recoge en el pliego de condiciones por dos años adicionales. Pero tampoco contempla la rescisión de la vinculación con la empresa, que en las últimas semanas ha vuelto a verse envuelta en la polémica por expedientes abiertos por la inspección laboral por el tipo de contratos de varios de sus trabajadores y por la gestión de vacaciones y descansos en 2018.

Tenorio se hizo cargo del servicio hace dos años, cuando se impuso en el concurso convocado por el Servicio Extremeño de Salud. Con un presupuesto base de 139,6 millones de euros, el contrato fue adjudicado por 122,6 millones. El cambio de empresa produjo errores de organización, así como denuncias de trabajadores. Asimismo, en estos dos años de actividad se han producido varias quejas por la calidad del servicio.

El Gobierno regional ha decidido intervenir y en octubre pondrá en marcha los trámites para que haya un nuevo concurso en 2021. Para ello, podría contar con asistencia técnica externa, ya que se trata de uno de los contratos más costosos y complicados del SES.

Además, hay que tener en cuenta los plazos de adjudicación que tienen este tipo de concursos. En este caso, la licitación se publicó en febrero de 2017 y el contrato se firmó en septiembre de ese año, siete meses después.

La intención del Ejecutivo autonómico es cambiar el modelo, como sugirió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso de investidura. El mandatario extremeño reconoció que algo se habría hecho mal con este servicio y apuntó como posible mejora contar con los taxis rurales para que se encarguen de los transportes programados, que consisten en el traslado para asistir a citas médicas, y que por tanto no requieren ambulancias. Esto permitiría abaratar los costes de gestión.

La situación del servicio de transporte sanitario fue protagonista este jueves en la Asamblea de Extremadura, donde se debatió una propuesta del PP para que la Junta rescinda el contrato con Ambulancias Tenorio tras las últimas resoluciones de la inspección laboral. La iniciativa, que contó con el respaldo de los tres grupos de la oposición, fue rechazada gracias a la mayoría absoluta del PSOE.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, señaló que las prácticas de la empresa han sido expuestas por los sindicatos, los trabajadores y los grupos parlamentarios, y recordó que incluso se llevó a cabo una comisión de investigación. Asimismo, recalcó que el contrato establece que la adjudicataria está obligada a cumplir la legislación laboral. En caso contrario, se puede optar por la rescisión del contrato. «La Junta de Extremadura ha estado ausente permanentemente con este escándalo», aseguró. «Han llevado el transporte sanitario terrestre al más absoluto de los caos».

Por parte de Ciudadanos, María Encarnación Martín se mostró a favor de la rescisión del contrato, para lo que reclamó que se elaboren informes técnicos que corroboren las irregularidades detectadas. Como expuso, se trata de un servicio «básico y fundamental» para la región y preguntó a la Junta si en el futuro se plantea convocar nuevas licitaciones que cuenten con el acuerdo de los grupos políticos.

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, expuso que «los abusos de la empresa sobre los trabajadores» explican por qué Tenorio pudo hacer una sustanciosa oferta a la baja en el concurso. Por ese motivo, planteó que el servicio sea gestionado por la Junta en lugar de recurrir a la gestión privada. «Se trata de un cambio de modelo», explicó, para mejorar las condiciones laborales y lograr un ahorro de costes.

La diputada socialista Catalina Paredes criticó lo que considera un ataque a la sanidad pública y calificó de irresponsable que se plantee la rescisión de un contrato de «un servicio esencial sin tener una alternativa» y sin una base jurídica. Según dijo, la Junta ha iniciado una inspección, por lo que pidió prudencia hasta que termine el expediente y se pongan en marcha los mecanismos establecidos. «Será en el seno de la comisión de seguimiento del transporte sanitario terrestre donde se tendrán que decidir las posibles penalidades», afirmó.