

Una de las apuestas del actual equipo de Gobierno es la aprobación de una nueva ordenanza solo de terrazas para la ciudad y en esa línea ya se ha comenzado a trabajar. La alcaldesa, Inés Rubio, explica que se abrió un trámite de consulta para que personas y colectivos pudieran dar a conocer problemáticas y necesidades, con el objetivo de que se pudieran tener en cuenta a la hora de elaborar esta nueva normativa, considerando las particularidades del municipio. Como resultado de esta consulta, se han recibido varios escritos con sugerencias.
Tras este proceso, la mandataria trujillana informa que mantuvo una reunión el 28 de octubre con algunas de las personas que presentaron esas sugerencias. A partir de ahí, anuncia que se constituirá un grupo de trabajo con representación de todas las zonas de la ciudad que cuentan con terrazas, como la plaza Mayor, la zona del Campillo y zona de Ruiz de Mendoza, entre otros espacios. «Lo que se ha solicitado tanto a la Asociación de Empresarios como a las personas que participaron en ese primer encuentro es que designen interlocutores válidos para formar parte de este grupo de trabajo, con el fin de redactar ese nuevo texto», indica la mandataria. La primera reunión ya está fijada y tendrá lugar el 8 de noviembre.
Además de las aportaciones que se puedan hacer, la alcaldesa adelanta que la Administración ya dispone de un borrador de esta normativa. «Es un texto nuevo que pretende dar solución a la gran cantidad de problemas que existen en la actualidad», sostiene. La idea es trabajar a partir de este borrador, evaluando posibles mejoras, aportaciones o modificaciones.
Rubio prefiere no adelantar detalles de esta normativa hasta que el texto se presente en el grupo de trabajo. No obstante, afirma que lo fundamental es que el nuevo documento recoge criterios objetivos. «Dada la importancia que tiene para nosotros el sector de la hostelería y la ocupación de la vía pública vinculada a las terrazas, hemos visto la necesidad de redactar una ordenanza única y específica», insiste.
La alcaldesa remarca que el objetivo es que la norma sea consensuada y no esté sujeta a la entrada en el Ayuntamiento de un gobierno u otro. Reconoce que se han introducido novedades importantes respecto a la actual ordenanza. «Se busca un reparto que responda a criterios objetivos y acabar con la temporalidad de las licencias como ocurre hasta ahora, que las autorizaciones tienen validez anual, obligando a renovarlas antes del 1 de diciembre del año en curso». La idea es que la normativa municipal sea más flexible, manteniendo las condiciones durante un periodo determinado.
La intención es que este grupo de trabajo sea dinámico y activo, para contar con esta ordenanza lo antes posible, detalla la mandataria trujillana. El objetivo final es disponer de una normativa garantista, que otorgue seguridad jurídica y que «busque el mayor equilibrio en el sector, basándose en criterios objetivos», añade.
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