La Federación de Ciclismo reclama el pago a los jueces árbitros de la Subida al Castillo

La polémica está servida aunque la intención es llegar a una solución. La Federación Extremeña de Ciclismo se ha puesto en contacto con la Asociación Ciclista Francisco Pizarro, a través de una carta, para reclamar el pago pendiente a los jueces de la cronoescalada La Cumbre a Trujillo y de la Subida al Castillo de este año. El importe es de 770 euros.

En ese escrito, se señala que, al ser prueba del calendario oficial de la Federación, es obligatorio su presencia y control de estas carreras. Asimismo, se indica que ese impago conllevaría que no se volviesen a realizar estas pruebas en Trujillo, ya que actualmente no se pueden hacer sin control de esta entidad. En este escrito, se remarca que el pago de la deuda se debe hacer antes del 31 de diciembre. También serviría un documento con un compromiso de pago para el ejercicio de 2020, según la carta.

Fuentes de la Asociación recuerdan que, aunque aparezca el nombre de su colectivo, la actividad es organizada junto con la Hermandad Cristo del Perdón, con el apoyo del Ayuntamiento. Asimismo, detallan que se necesita un club o asociación deportiva para organizar esta carrera y forme parte del calendario de la Federación.

Estas mismas fuentes explican que, normalmente, el Consistorio asume el compromiso del pago de unos gastos que genera el evento. Entre ellos, está esa factura de los jueces. Matizan, asimismo, que ese compromiso se realiza a través de la Hermandad. Lo que tienen claro es que ahora no disponen de dinero para poder hacer frente a esos gastos. Desde la Hermandad confían en que se pueda llegar a una solución. Si el Ayuntamiento no hiciera frente a esa cuantía, su entidad intentaría estudiar alguna otra posibilidad de abono.

La concejala de Deportes, Gabriela Carvajal, tiene claro que quiere llegar a una solución. Por ello, no duda de que esta carrera continuará como hasta ahora. Por ello, va a celebrar una reunión la semana que viene e intentar llegar a un acuerdo. Considera que el problema surge al no haber un programa de subvenciones y las ayudas concedidas ya están abonadas. Indica asimismo que ese dinero estaba presupuestado. Su intención es que ese gasto se pueda incluir en los presupuestos del año que viene y así poderlo abonar.