Covid-19 y democracia

Montaigne enunció gráficamente el principio del ateísmo político: por muy elevado que sea el puesto en el que estés, siempre estás sentado sobre tu culo. Ni con la pértiga del Poder podremos saltar por encima de nuestras miserias: «La palabra del Poder no es la palabra de Dios».

El Poder no nos hace más sabios ni más honestos; al revés, como sentenció Lord Acton, tenderá a corrompernos y, si es absoluto, a corrompernos absolutamente. Ambas convicciones cimientan la moderna democracia liberal con sus alternancias en el poder y sus mecanismos de control sobre quien lo ejerce: el parlamentarismo y la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

Mucho antes, al inventar la democracia los viejos griegos habían dejado instituido dicho principio: el Poder no es cosa privativa de una casta sagrada y, por ello, deja de ser intocable para convertirse en asunto político, en incumbencia de la polis, esa cosa pública que los romanos llamaron res publica. Por más que al Poder le pese, Poder y Verdad no son lo mismo, ni la suya es la única voz cargada de razón; al contrario, en asuntos públicos, donde la disparidad es la regla, solo a partir de la confrontación de argumentos, a la vista de todos, se podrá instituir la Norma obligatoria.

Si antes de la polis, quien manda fija cuál es la verdad, en la política la verdad se impone por la fuerza de las razones que la sustenten. Si el lenguaje religioso repite de forma ritual la palabra verdadera de Dios para conservarla, y concluye en el «amén» o «así sea», el lenguaje de la política adopta la forma del debate, a veces bronco, que busca y aporta argumentos con los que sostener las opiniones enfrentadas.

Como el ejercicio del poder tiene como efectos secundarios una intensa embriaguez y una profunda amnesia, a la oposición le incumbe recordarle una y otra vez el principio del ateísmo político. Pedir cuentas al Poder es, pues, tan legítimo como cuestionarlo, algo inaceptable para quien lo considera su privilegio y no un derecho de todos.

La clave está en qué respuesta damos al siguiente dilema: ¿qué es lo importante: lo que pasa, o quién decide qué es lo que pasa? Por tanto, afirmar que el Poder puede engañar no entraña contradicción alguna. Constituye, en cambio, una precaución saludable. Y esto no implica que quien no lo ejerce tenga siempre razón y siempre diga la verdad; solo que, al tener menos poder, resulta menos dañino. Y en asuntos de Poder la cuestión del daño no es baladí.

Expuestas las razones por las cuales en democracia preguntar no es ofender ni odiar, pregunto: ¿Es verdad o mentira que los jueces y el sector funerario señalan que las cifras oficiales de muertos por el covid-19 son muy inferiores a los permisos concedidos para enterrar?

¿Que, a la pregunta sobre quién es el intermediario que negoció con la empresa china Shenzhen Bio-easy Biotechnology, se le está dando la callada por respuesta, y ello a pesar de que, tras el primer chasco (30% de fiabilidad de los tests) y tras aprender que nadie da gangas a peseta y que, por lo tanto, en palabras de la ministra de Exteriores, «tenemos que tener mucho cuidado de que no nos tomen el pelo», el Gobierno repitió con la misma empresa china (segunda tanda con un 50 % de fiabilidad), siendo urgentes como siguen siéndolo los tests para sanitarios, ancianos residentes, fuerzas de seguridad y trabajadores?

¿Que la empresa española Genómica ha puesto en marcha un kit para detectar el Covid-19 que vende a 30 países, cuesta 20 euros y en el ensayo realizado en el Instituto de Salud Carlos III con 20 infectados tuvo un 100% de eficacia (El Mundo, 16 de marzo, donde leemos que «la 'madre' del proyecto» se llama Rosario de Cospedal)?

¿Que los sanitarios y las fuerzas de seguridad están trabajando sin equipos de protección adecuados? ¿Que, el 12 de abril, la policía suma 4 muertos, la guardia civil, 7 y el ejército, 2? ¿Que, el 11 de abril, con 25.000 contagiados y 27 muertos, España es el país con el porcentaje más elevado de sanitarios infectados, a los que hay que sumar 9 farmacéuticos? ¿Que, el 9 de abril, el SATSE denunció ante la OMS haberse «rebajado medidas de prevención en España para ocultar la incompetente actuación de las autoridades», y que su informe concluye que «la pésima gestión ha sido determinante para que España sea el país del mundo con más profesionales contagiados de Covid-19»?

¿Que, el 8 de abril, la ministra Portavoz adelantó la fecha del 26 de abril como inicio del «desconfinamiento», cosa que los ministros de Sanidad y Transportes desmintieron, al tiempo que, ese mismo 8 de abril en la BBC, la ministra de Exteriores detallaba los tres pasos para empezar, el susodicho 26 de abril, a «desescalar». (Por cierto, ¿son distintos los comités de expertos que asesoran a estos ministros, o es el mismo?).

¿Es verdad o no que, en un documento firmado en Madrid en fecha tan temprana como el 24 de enero por el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborables de la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior, se lee que, «ante la información difundida por la OMS sobre la posibilidad de expansión del virus se propone la (…) utilización de guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos o inspección de equipajes y documentación» y la «utilización de mascarillas FFP2 en el control de la documentación (…)»?

¿Que en la portada de El País del 25 de febrero se leía: «La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia»? ¿Que el 3 de marzo las organizaciones médicas suspendieron cuantos congresos tenían programados?

¿Que el Gobierno (BOE, 1 de abril, art. 46) ha destinado 15 millones de euros a las cadenas televisivas privadas para compensar la drástica caída de anunciantes, pues, «según el Ejecutivo, los servicios audiovisuales «juegan una trascendente doble función como servicios esenciales, que se ha visto reforzada en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19»» (El País, 31 de marzo)?

¿Que una de las primeras medidas adoptadas en marzo por el ministerio de Sanidad fue que los médicos internos residentes (MIR) de cuarto año que el próximo mes de mayo recibirían la titulación de especialistas serán prorrogados en la categoría de médicos residentes pese a haber terminado la formación de su especialidad, con lo cual seguirán cobrando de media unos 1.100 euros mensuales, como alumnos en prácticas, en vez de los 2.300 que les corresponderían como especialistas? (Repregunta: ¿será que, según el Ejecutivo, estos MIR no «juegan una trascendente función como servicios esenciales» que se habría visto «reforzada en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19» (cuyos equipos de protección —denuncia el Satse— se empezaron a comprar a finales de marzo)?

¿A qué anterioridad se refiere nuestro Presidente en su alocución parlamentaria del jueves 9 de abril al afirmar que el Gobierno español fue el primero que adoptó medidas frente al coronavirus, cuando en España el estado de alarma se instauró el 14 de marzo y en Italia el 9 de marzo (La Vanguardia, 1 de abril)? ¿Quizá signifique que dichas medidas se adoptaron antes de que la situación se deteriorara tanto como en otros países? Tampoco esto cuadra: Grecia, por ejemplo, cerró todos los centros educativos a los 13 días del primer caso confirmado de coronavirus y antes de ninguna muerte por esta causa dentro de sus fronteras, mientras que España tardó 43 y 30 días respectivamente; los eventos masivos, Grecia los suspendió a los 12 días del primer caso y antes de ninguna muerte, mientras que en España se suspendieron a los 39 y a los 26 días; las tiendas no esenciales se cerraron en Grecia a los 19 días del primer caso y a los 4 del primer fallecido, y en España a los 43 y 30 días; y los desplazamientos no esenciales se prohibieron en Grecia a los 23 días del primer caso y a los 11 del primer fallecido, mientras que en España a los 43 y 30 días. Repregunta, tanto más legítima cuanto que España cuenta 326 fallecidos por cada millón de habitantes, y Grecia 8 (10 de abril): ¿por qué el Gobierno español no practicó la prudencia que, ya en febrero, sí aplicaron aquellas residencias de ancianos españolas que, por ello, se han convertido en «un oasis en medio de la tragedia que acecha a los centros de mayores» (El País, 4 de abril)?

¿Se conoce cuántos ancianos están muriendo sin asistencia hospitalaria en las residencias y en sus casas, a veces solos? ¿Cómo entender que se desplieguen esfuerzos en bloquear mensajes a través de las redes sociales, en vez de en evitar esas muertes y en conocer su número exacto?

¿Es verdad o mentira que «un miembro del comité de expertos dice que el Gobierno no les ha consultado la vuelta al trabajo de sectores no esenciales» el lunes 13 de abril y que «el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic Antoni Trilla avisa de que los contagios crecerán cuando se reanude la actividad laboral no esencial, en pausa hasta este lunes» (Público, 10 de abril); por cierto, el mismo Antoni Trilla que, el 16 de febrero, afirmaba que «se está generando una histeria sin fundamento... Sólo es una epidemia en China. (...) Mira que si se descubre que el percebe es un huésped de coronavirus, la que se iba a liar…» (El Mundo, 12 de abril)? Etc., etc.

No se puede negar que el personal sanitario está alcanzando una altura heroica al trabajar en condiciones intolerables de presión y carencias. Pero nadie, ni sociedad ni Gobierno, tiene derecho a exigirles ser héroes. Aplaudirles desde los balcones les anima, a ellos y a cuantos siguen cuidándonos. Y lo agradecen. Pero hemos de evitar la perversión de creer que con aplaudir ya está todo hecho, mientras los equipos de protección y los respiradores siguen sin llegar, con las consecuencias letales que esto tiene.

Y no ayuda a ver la realidad esa retórica épica que disfraza de hazaña el confinamiento domiciliario, la gimnasia hogareña o la repostería casera. No vaya a ser que, al final, acabemos agradeciendo a la catástrofe habernos hecho madurar de golpe y, a los niños, haberles enseñado a lavarse las manos con esmero.

Todas las actuaciones solidarias merecen nuestro reconocimiento, pero vigilemos para, al hacerlo, no sacarle brillo al desastre: moralmente hablando, no es de recibo encajar en la contabilidad del éxito a los fallecidos y tanto sufrimiento.

Por esto, también es inadmisible que a la pregunta de si reconoce algún error concreto, el ministro del Interior se revuelva replicando si «¿genera algún tipo de satisfacción que yo reconozca algún error o haga alguna crítica? ¿Nos tenemos que regodear en un pequeño error, en una pequeña deficiencia o en una pequeña falta de coordinación?» (Hoy, 5 de abril).

Para empezar, no son pequeños los errores ni las deficiencias ni la falta de coordinación: se miden en muchos miles de muertos y en muchísimos miles de contagiados. Y sí, sí puede producir satisfacción que el ministro reconozca sus desaciertos sin que ello signifique regodeo: puede satisfacer al ciudadano por despertar en él el sentimiento de contar con un Gobierno honesto dispuesto, por tanto, a enmendarse cuando falla. ¡Y esto no es regodearse ni desviar energías necesarias para «resolver la cuestión», ni bloquear el retorno a la normalidad!

Si un paciente observa que el cirujano va a trasplantarle el corazón, y no el hígado dañado, no se regodea en malquistar cuando le hace ver su error; tampoco falta a la unidad y a la lealtad, ni busca alarmismo, psicosis ni morbo; simplemente, actúa para sobrevivir y volver a la normalidad.

También en la situación extraordinaria que atravesamos es imprescindible el debate político, aunque sea bronco. Abordarla exige trabajar en los planos sanitario y económico, sin duda. Pero sin descuidar el político, en el que la unidad que se reclama no debe ser la del «amén», sino, justamente para combatir la amnesia y la embriaguez que el ejercicio del Poder ocasiona, la unidad de la confrontación de razones.

Si no, no habrá manera de evitar daños aún mayores. Lo que está en juego no es la alternativa entre izquierda y derecha, sino otra más radical: entre totalitarismo y democracia.