Consumo ha tramitado unas 350 reclamaciones en la comarca

Las reclamaciones más abundantes en 2021 han estado relacionadas con la telefonía. Han versado, entre otros asuntos, sobre facturas y portabilidades, así como determinados servicios elegidos, a priori, mediante un contrato verbal. Así lo destaca Yolanda Jiménez, técnica de formación, que junto a Raquel del Castillo, asesora jurídica, dirigen las oficinas del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor en las mancomunidades 'Comarca de Trujillo' y 'Villuercas, Ibores y Jara'. Jiménez asegura que, ante estas exigencias, las compañías suelen contestar y de forma rápida. Otra cosa es que den la razón al consumidor.

Esa responsable señala que, durante el año pasado, se tramitaron unas 350 reclamaciones en la comarca trujillana y cerca de 250, en la zona de Villuercas. La gran mayoría se resolvió. Además de las de telefonía, últimamente han aumentado las vinculadas a la venta de coches, debido a que años atrás hubo una denuncia por un acuerdo de algunas marcas para establecer al alza los precios.

Con la pandemia también se han incrementado las reclamaciones por las compras 'online', incluso en otros países. No faltan algunas nuevas provocadas por la situación sanitaria. Ejemplo de ello ha sido una realizada estas navidades al no tener los resultados de unas pruebas PCR en el tiempo esperado. Hecha la tramitación, el laboratorio señaló que se tiene un periodo de 36 a 48 horas para contestar.

Además de las reclamaciones, están las consultas de vecinos, sobre todo, para asegurarse que se llevan a cabo buenas prácticas en determinados servicios, como pueden ser los seguros, así como las posibles demandas, que es el último paso.

Los usuarios que más acuden a estos servicios son personas de entre 50 y 60 años, que les suele costar solucionar través de internet o con una llamada de teléfono los problemas surgidos.

Para hacer este tipo de gestiones, se puede acudir a las respectivas oficinas. Jiménez recuerda que están los martes, jueves y viernes en Trujillo y los lunes y miércoles en Logrosán. También se pueden tramitar a través de correo electrónico. «De hecho, están entrando muchas cuestiones por este sistema», sostiene. Igualmente se puede acudir a los ayuntamientos para que les hagan llegar los asuntos a tratar. Remarca que se atiende a particulares, no a empresas.

Esta responsable matiza que el reclamado tiene un mes para contestar. Asimismo, hace hincapié en que «nosotros somos mediadores entre el reclamado y los reclamantes», con el fin de poder llegar a un acuerdo. Además, indica que ningún establecimiento está obligado a contestar. «Lo hace de manera voluntaria». En este caso, si es un hecho que se ve que es evidente que el reclamante tiene razón, se envía a Inspección de Consumo, que tiene potestad para multar.

Además de esta labor, no falta la acción formativa, que se ha parado, al menos, de forma presencial. En la actualidad, se cuenta con píldoras informativas, a través de códigos QR, que se envían a los centros educativos para que se los hagan llegar a los padres. Además, se tiene previsto impartir de forma presencial una acción formativa sobre tatuajes en el instituto de Guadalupe. Yolanda Jiménez apunta que hay distintos aspectos a tener en cuenta, más allá de los rigores sanitarios. Uno de ellos es contar con una factura para poder reclamar si llegara el caso. También existen talleres que están en la web 'más a mano', destinados a asociaciones y centros educativos.