El Consistorio pide al Tribunal de Cuentas que revise la gestión económica de los últimos ejercicios

El mandatario trujillano detalla en este escrito su preocupación, al haber descubierto actuaciones del anterior equipo de Gobierno que, a primera vista, «podrían dar lugar a la exigencia de al menos responsabilidad como tal». De igual forma, se indica que no sería conveniente contratar una empresa auditora, sino que «debe ser ante el Tribunal de Cuentas ante quien pongamos en conocimiento las informaciones relevantes que ponen en duda la gestión plasmada en las cuentas rendidas por esta entidad local». En esta carta, Redondo también solicita un encuentro para informar de primera mano a su responsable y trasladarle los motivos de su preocupación.

Apunta asimismo que, en cuanto se constituya la comisión Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, se pondrá en contacto con su máximo dirigente para que se incluya al Ayuntamiento de Trujillo en su programa de fiscalizaciones. El primer edil, además, detalla en escrito que el anterior alcalde, Alberto Casero, goza de inmunidad, inviolabilidad y aforamiento que le proporciona con condición de miembro del Congreso de los Diputados.

Redondo aseguró que no le ha quedado más remedio de tomar esta medida ante la situación económica del Ayuntamiento, que expuso previamente. Según datos de Intervención, el alcalde anunció que la deuda municipal asciende a 3.637.000 euros. Esos números proceden de préstamos bancarios por valor de 1.368.000 euros, así como de póliza bancaria de 550.000. Además, está el pago a proveedores, que se sitúa en 1.403.000 euros. A esta cantidad hay que sumar facturas que llegaron después del 15 de junio, por valor de 28.700 euros y por 98.7000 euros. También existen facturas con reparos del interventor de 138.000 euros. A este dinero, hay que añadir una factura de 48.800 euros no contabilizada que «estamos negociándola». El alcalde, asimismo, indicó que la última llegó ese lunes por la mañana de 1.221 euros de una comida en Las Palmas de Gran Canarias. Por el contrario, «afortunadamente, se cobró hace poco una licencia de 1.225.000 euros, por las placas solares, porque si no, la situación sería bastante peor». añadió.

El mandatario trujillano, asimismo, indicó que no se cumple con ninguna normativa presupuestaria, como puede ser el techo de gasto, entre otras irregularidades. Además, apunto que a proveedores se paga a más de 300 días.