El alcalde declarará como investigado por una presunta prevaricación

Concretamente, el alcalde, José Antonio Redondo, ha sido llamado a declarar el 18 de octubre en calidad de investigado.

Ante este requerimiento, el mandatario trujillano asegura estar tranquilo e insiste en que todo está en una fase muy inicial. «Puedo cometer errores, pero no de este tipo porque el dinero es sagrado», sostiene en declaraciones a HOY.

Fuentes de la Fiscalía provincial de Cáceres explican que el pasado 20 de julio se presentó una denuncia en el juzgado de Trujillo contra el alcalde. Remarcan que «la denuncia está presentada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal». Este hace referencia a cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia.

La Fiscalía apunta que la denuncia se debe a la adjudicación por parte del Consistorio trujillano de obras y pagos de facturas relacionadas con trabajos, «a pesar de los reparos del interventor». No obstante, el Ministerio Público afirma que no puede dar más información al tratarse de una fase de instrucción.

Otras fuentes cercanas a la investigación apuntan que algunas de las obras investigadas son la de la piscina municipal de Huertas de Ánimas, la urbanización de la margen izquierda de la avenida de Miajadas, así como el parque de la barriada del Perú y el campo de fútbol de tierra, ahora convertido en circuito BTT.

Ante esta denuncia, el alcalde considera que no se ha cometido ninguna ilegalidad, ya que todo está bien justificado. «Al ayuntamiento se le ha pedido explicaciones sobre unas obras que se han realizado», cuenta.

De hecho, matiza que se han solicitado facturas de los últimos tres años y medio, muchas de ellas de muy poca cuantía. Ya se envió la documentación y ahora hay que aclarar una serie de conceptos, sostiene.

Remarca que las obras las ha hecho la administración local y se han comprado o contratado los suministros por menos de 18.000 euros. Hasta esta cantidad, «se puede adjudicar directamente». No obstante, incide en que, aunque no están obligados, se han pedido tres presupuestos para elegir el más económico.

Explica que, antes de llegar a él, los contratos «han pasado por una mesa de contratación, un gestor de contrato, un informe de intervención y otro de secretaría, además de una aprobación de la junta de Gobierno. A partir de ahí viene mi firma de resolución». Matiza, igualmente, que los reparos se levantan en Intervención, con informes técnicos. A partir de ahí, firma la resolución.

Aunque las diligencias parten de las Fiscalía, Redondo no tiene dudas de que la denuncia parte de dentro del Ayuntamiento.