Alberto Casero: «Ni mis representantes legales ni yo tenemos conocimiento de ningún informe»

El diputado nacional por el Partido Popular y exalcalde de Trujillo, Alberto Casero, atendió ayer por la tarde la llamada de este diario, aunque prefirió no dar demasiada información sobre la última novedad del proceso judicial iniciado contra él. Hace referencia al informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que considera que existen indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. Ante esta nueva documentación, aseguró ayer no tener constancia de ese informe, ni él, ni su abogado. «Ni mis representantes legales ni yo tenemos conocimiento de ningún informe. Mi última notificación judicial fue la elevación al Supremo» de la causa.

Cabe recordar que llegó al Alto Tribunal el mes pasado. Este informe se produce una vez que el juzgado número 2 de Trujillo envió el proceso al Supremo por un presunto delito de prevaricación continuada cuando Casero era regidor de la ciudad trujillana. Ahora, El Ministerio Público entiende que existen indicios de prevaricación, según confirman fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press.

Ante esta nueva situación, Casero, que no ha querido entrar en ningún tipo de valoración sobre este nuevo informe, ni hacer más declaraciones, asegura que está tranquilo y que ahora debe esperar a que se sucedan los hechos.

La exposición apunta que a lo largo de la investigación se ha acreditado que el exalcalde trujillano contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo el 3 de marzo de 2017 para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales. Según indica, Casero «no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto».

El escrito remitido al Supremo indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros.Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.