Alberto Casero reconoce problemas administrativos con los contratos de Trujillo pero descarta prevaricación

El dirigente popular ha acudido al Alto Tribunal después de que el juez instructor Andrés Palomo le citara para que prestase declaración voluntaria, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado. El magistrado consideró pertinente que compareciera a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

Casero, que ha declarado durante más de hora y media, ha asegurado a su salida que el interrogatorio «ha ido bien». Según ha dicho a la prensa, su declaración ha transcurrido con «normalidad», por lo que ha asegurado sentirse «tranquilo».

Al hilo, el dirigente ha subrayado que ha comparecido ante el juez y la fiscal Ángeles Montes «porque creía que no había nada que ocultar». «Creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas cosas», ha añadido.

En este sentido, ha precisado que ha dejado claro «algunas cuestiones que evidentemente tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar». «Y a partir de ahora, a esperar la decisión de la justicia», ha señalado.

El diputado ha recordado que desde que se anunció que el Supremo asumía la investigación el pasado marzo no se ha pronunciado al respecto. «Creo que lo mejor que puedo hacer es seguir sin decir nada hasta que los jueces no hablen», ha incidido.

Así, para Casero, tras la comparecencia de este lunes en el Alto Tribunal «todo está explicado». Las fuentes consultadas han asegurado a este agencia de noticias que en esta ocasión el diputado no ha aportado documentación al procedimiento.

La comparecencia de este lunes tiene lugar después de que en marzo el Supremo hiciera un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero -cuando era alcalde de la localidad- con terceros.

Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.