Autoridades en la visita a la ETAP de Trujillo en 2013
Autoridades en la visita a la ETAP de Trujillo en 2013 / JSP

Guerra del agua entre los alcaldes y la Confederación

  • polémica

  • 29 pueblos de la zona de Trujillo y del Tamuja argumentan que les prometieron que las mejoras las pagaría Europa y el Estado

  • El conflicto entre los municipios y la CHT por el pago de las obras de abastecimiento dura años y no se le ve solución

«Nos sentimos engañados», afirman José Antonio Redondo y Tomás Sánchez. Ambos son alcaldes socialistas. El primero de Ibahernando y el segundo de Torrecillas de la Tiesa. Los dos ediles comparten su enfado con otros alcaldes pertenecientes a las comarcas de Trujillo y el Tamuja. La principal razón de su malestar es económica: la Confederación Hidrográfica del Tajo les reclama el pago de parte de unas obras que ellos creían que eran sufragadas en su totalidad con fondos europeos, del Gobierno español y de la Junta de Extremadura. Pero resulta que no.

Los municipios tienen que poner el 40% del coste de las obras de abastecimiento de agua de la zona. Y la inversión no es una minucia sino una cantidad muy respetable: 37,5 millones de euros. Redondo insiste en que la promesa inicial era que pagarían Europa, la Junta y la propia Confederación del Tajo. Sin embargo, pasado el tiempo se estableció que el 40 por ciento del importe lo tenían que abonar los municipios beneficiarios y repercutirlo a los vecinos.

La decisión de acometer las obras que debían mejorar el abastecimiento de agua de 29 pueblos (desde Cabañas del Castillo, en Villuercas, hasta Valdefuentes, en la comarca de Montánchez, pasando por Trujillo), se tomó después de sufrir varios periodos de sequía. Las obras se licitaron en 2010 y se terminaron en 2013.

Los trabajos incluyeron canalizaciones, la construcción de depósitos y la mejora de las estaciones depuradoras.

El único camino, el judicial

El desacuerdo se ha intentando solucionar a base de diálogo, pero no ha habido manera. Tomás Sánchez cuenta que se ha recurrido a la vía política, pero que está casi agotada. El alcalde de Torrecillas de la Tiesa cree que el único camino que les queda es el judicial. Recuerda que se aceptó la obra por solidaridad con otros municipios, ya que la comarca de Trujillo tenía agua. Y ahora se encuentran con que tienen que pagar parte del proyecto.

Otro de los motivos del enfado de estos alcaldes es la actitud que se encuentran en la Confederación del Tajo. Se quejan de su hermetismo, de que no les dé explicaciones ni les muestre la documentación.

El actual alcalde de Trujillo, Alberto Casero (PP), reconoce que con la actual ley del agua los beneficiarios de las obras deben pagar una parte de las mismas. Cada municipio debe abonar una cantidad, según unas estimaciones hechas por la propia CHT. A Trujillo, por ejemplo, le corresponde aportar 140.0000 euros a lo largo de 40 años.

Alberto Casero opina que hay alcaldes que se niegan a pagar porque no conocían ni aprobaron las obras. Tras mantener reuniones con cargos nacionales de distintos partidos cree que la solución es «cada vez más difícil». El regidor trujillano opina también que el desenlace puede ser la vía judicial y seguir pagando. Matiza que él estará al lado de la mayoría de los alcaldes, apoyando las decisiones que tomen.

Guerra del agua entre los alcaldes y la Confederación

/ El alcalde de Aldeacentenera, la alcaldesa de la Aldea del Obispo y el regidor de Torrecillas de la Tiesa

Por si la polémica con el pago de las obras no fuera suficiente, también hay diferencias sobre las nuevas conducciones y depósitos. Hace unos años que se acabaron las obras y, en su mayoría, están sin estrenar. Se debe a que la Confederación del Tajo no la entrega a los municipios hasta que no se forme una mancomunidad que se encargue de su gestión. Pero al no haber acuerdo, no se constituye. A pesar de ello, las poblaciones ya pagan esas obras.

Más desacuerdos

El último desacuerdo se centra en el proyectado recrecimiento del pantano de Santa Lucía. En mayo de 2013, en las visitas a la depuradora de Trujillo, se dijo que los trámites medioambientales ya estaban solucionados y el proyecto casi redactado. Pero la obra no se ha ejecutado todavía. Incluso existen diferencias sobre si es o no necesaria para asegurar el abastecimiento de los 29 pueblos. Los alcaldes consultados por HOY afirman que sí hace falta esa obra. Pero aseguran que hay técnicos de la propia Confederación del Tajo que no la consideran necesaria.

El alcalde de Aldeacentenera, Carlos Cabrera (Extremeños), afirma que la obra se inició por el tejado. Opina que primero habría que haber asegurado el consumo y luego la mejora de la distribución.

En medio de esta polémica están las poblaciones del Tamuja. Su presidente es Juan Rentero (PP), alcalde de Botija. Explica que los nueve pueblos que forman esta agrupación tienen que pagar a un precio muy alto el agua por unas obras que se tuvieron que hacer en tiempos de sequía. Después se hizo una conexión al pantano de Orellana.

A pesar de ello, afirma que se vio con buenos ojos que se incluyera esta zona dentro del pantano de Santa Lucía. Para Rentero, el gran inconveniente de hacer la mancomunidad es que son muchas poblaciones con casuísticas muy dispares.

El problema del Tamuja se agrava porque ahora la Confederación Hidrográfica del Guadiana reclama el pago del bombeo del pantano de Orellana. Si las administraciones les hacen pagar todas las actuaciones a municipios con pocos recursos crearán a un problema social, añade.

La Junta de Extremadura está al corriente del conflicto. Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que este tema será uno de los asuntos que tratará el director general de Infraestructuras, José Luis Andrade, con la directora general de Aguas. Y frente a los pueblos está la Confederación Hidrográfica del Tajo. HOY ha intentado ponerse en contacto con esta entidad estatal para conocer su opinión, pero no hay sido posible.

Setencias judiciales

La confusión alrededor de este conflicto es tanta, que hay alcaldes que afirman que la CHT les está pasando liquidaciones por ese canon de las obras y aseguran que incluye la parte que se pagó con los fondos europeos.

Ya hay pagos recurridos judicialmente. Algunos ayuntamientos, como Aldeacentenera, están esperando fallos de los tribunales competentes. El alcalde, Calos Cabrera, considera que su caso es parecido a lo que le ha pasado a Cuacos de Yuste y ha ganado. Según fuentes de Gonzalo Abogados, una de las alegaciones que se ha tenido en cuenta con esta localidad ha sido la retroactividad. Es decir, se le estaban girando las liquidaciones del agua a finales de año, para cobrar a principios, cuando se debe hacer en enero del año en curso. Así lo ha reconocido el TSJ de Madrid. Estas mismas fuentes detallan que el problema de otros ayuntamientos es que se están imputando más habitantes dentro de la tarifa o se está cobrando un canon por obras de hace 20 años.

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