Javier Sánchez Pablos
Martes, 29 de noviembre 2016, 08:08
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El Ayuntamiento pondrá en marcha en enero una comisión para estudiar los casos de necesidad o emergencia social para las posibles contrataciones que pueda hacer el Consistorio. Así lo avanzó el alcalde, Alberto Casero, ayer, en sesión plenaria, tras una pregunta de líder socialista, Fernando Acero, sobre la bolsa de empleo social. El primer edil, sostiene que esa comisión estará formada por integrantes de la Corporación municipal. La intención es que, a través de Asuntos Sociales, se puedan recoger solicitudes de personas con necesidades y esa comisión, bajo unos parámetros, pueda tomar decisiones.
Reconoce, que, en una bolsa de empleo, no siempre se mantiene la situación económica y social de quienes la forman, ya que durante todo el proceso puede cambiar. En este sentido, la bolsa puede ser «poco efectiva». Por ello, se quiere implantar este nuevo sistema.
El primer edil, que habló de diversos temas en el apartado de ruegos y preguntas, también explicó la situación en la que se mantiene la ciudad con la Mancomunidad Comarca de Trujillo. Ya, hace meses, anunció la intención de separarse de esta entidad comarcal. Casero incide sobre esta idea. Sostiene que ha habido voluntad de llegar a un acuerdo, pero «para nosotros es muy difícil de seguir», más allá de servicios que pueden prestar la Oficina de Gestión Urbanística, así como el servicio de familia y el de Igualdad y Violencia de Género. Se debe, sobre todo a una cuestión económica.
Cree que una solución es que la ciudad trujillana se hubiese adherido a servicios a la carta. «Sin embargo, ya «la Mancomunad tiene unos pagos comunes muy importantes y nuestra aportación no se vería mermada». También ha ofrecido mancomunarse para unos determinados servicios.
El inconveniente es que la ley existe que haya una mancomunidad integral de servicios. Casero, igualmente, apunta que si Trujillo deja de pertenecer a esta institución, algunas prestaciones dejarían de tener sentido.
También ha puesto de manifiesto otro problema. Se trata de que los decretos de la Junta detallan que para contar con un programa de familia propio, se debe tener una población de más de 10.000 habitantes, reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística. Trujillo no cumple.
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